La delincuencia juvenil es un fenómeno generado por la exclusión social, por la marginalidad asistémica. Los jóvenes delincuentes generan una problemática mayor porque no tienen miedo ni parámetros sociales arraigados, y los que tienen, no concuerdan con los de la sociedad en general. Su actuación esta signada por una marcada violencia, fruto de los parámetros de comportamiento del entorno social donde se desarrollan, el rechazo por la normas de la mayoría de la sociedad de la que no se sienten parte, y los límites de por si difusos propios de su edad, en general adolescente.

El menor delincuente se nutre de una personalidad generalmente frágil y poco construída, y se desarrolla mediante grupos de pertenencia antisociales, como la “banda” generalmente coordinada por mayores, desplegada en un “ghetto territorializado” que, habitualmente, cuenta con su propia forma de financiamiento y subsistencia vinculada con el delito, básicamente, el trafico de drogas.

La delincuencia juvenil es así, un módulo de un fenómeno más complejo y amplio, como lo es la narcoterritorialidad. La articulación de grupos que se desarrollan en actividades al margen de la ley, se da en estos días en espacios físicos territoriales que desafían el control estatal y su imprescindible monopolio del uso de la fuerza legítima. Este entramado tiene su propia jerarquización social interna y sus propias normas que en nada coinciden con las del Estado formal y la sociedad en general. Las escalas de valores difieren al punto que el valor “vida” tiene una importancia relativa.

Lo que se produce, cuando los jóvenes desarrollados en la cultura de la narcoterritorialidad, salen de sus ghettos y se encuentran con la estructura social formal, es un choque entre dos formas irreconciliables de concebir la ley, la vida, la moral, el respeto. Es un choque cultural donde una de las culturas en pugna se ha forjado en el resentimiento por la sensación de exclusión, y la otra, la formal, se halla atemorizada por la violencia que surge de aquel resentimiento.

Toda política que pretenda resultar eficaz para reparar esta divergencia social, que ya es cultural, debe partir de la premisa, de instalar los valores comunes en la mente y el espíritu de los jóvenes. De la banda a la comunidad, del ghetto al barrio, del delito al trabajo, ese es el tránsito necesario.

El restablecimiento del sistema valorativo común, se lograda con una adecuada combinación de educación y sanción, en un conjunto integrado de acciones, con el fin de desalentar el delito, integrar, y afianzar la presencia estatal, reduciendo el mínimo la sensación de impunidad. Con estos fines, debemos abrir las escuelas todo el día y todos los días, para ganarle a la “escuela de la calle”, generando un programa de escuelas abiertas de 8 a 24 hs. propiciando actividades sociales, recreativas, deportivas, que acerquen al menor a un esquema de contención que a la vez la resulte atractivo.

Deberemos a su vez, implicar a los propios jóvenes en los programas de lucha contra el delito, dándoles un rol protagónico en los programas de prevención y de inclusión, al tiempo que, establecemos para los casos mas complejos un Régimen Penal Juvenil adecuado para conseguir que la sanción juegue el papel de pasaje hacia la reinserción social.

Nadie puede sentirse ajeno a este problema, solo una masiva participación de la comunidad en el diseño e implementación de políticas de Estado de seguridad, podrá permitirnos recuperar el espacio público como bien de usufructo común.